El Gobierno, en el compromiso con los ciudadanos de dar cumplimiento al derecho
de acceso a una vivienda digna como se pone de manifiesto en nuestra Constitución,
ha considerado estratégico intensificar otras políticas en este
campo que amplían las posibilidades de elección de la ciudadanía
en lo que a su residencia personal respecta.
El Ministerio de Vivienda, como departamento responsable del diseño y adopción de las medidas estratégicas en este ámbito, ha creado una herramienta de dinamización del mercado del alquiler en beneficio de las personas que demandan vivienda, de los propietarios, de los profesionales del sector, de las administraciones…, en definitiva, en beneficio de todos los que, en mayor o menor medida, son protagonistas del mercado de la vivienda.
La Sociedad Pública de Alquiler, a partir de los principios de seguridad, integración y complementariedad, amplía las posibilidades que en la actualidad ofrece el mercado del alquiler, cambiando la tendencia desde la opacidad a la transparencia. Ofrece con solidez un producto que se adecúa más a las variaciones que los ciudadanos experimentan durante la evolución de sus vidas, adaptándose a los cambios de su entorno profesional, de sus circunstancias personales, afectivas o familiares.
A diferencia de lo que ocurre en los países de nuestro entorno, donde se goza de una amplia cultura del alquiler entre los ciudadanos, en España las viviendas en este régimen representan un ínfimo porcentaje en comparación con las de propiedad. Nuestro objetivo es ofrecer al mercado las viviendas vacías con el fin de atender a las demandas ciudadanas y de incrementar la productividad de la economía nacional.
Pretende en definitiva, romper las ataduras que las circunstancias del mercado nos han impuesto, haciéndonos, por qué no decirlo, ciudadanos más libres.